Vecinos de Esteban Echeverría, organizados en torno al dirigente Alejandro Cruz, han conseguido un triunfo parcial pero significativo contra la contaminación crónica generada por la planta de Cresta Roja en la localidad de El Jagüel. Tras años de denuncias y un creciente malestar social, la presión comunitaria logró que el municipio y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) clausuraran temporalmente el establecimiento. Sin embargo, el alivio vecinal duró poco: las operaciones y las emanaciones tóxicas, según denuncian, se habrían reanudado casi de inmediato, evidenciando la necesidad de una fiscalización continua y efectiva.
El conflicto, que afecta a un área de casi siete kilómetros a la redonda, fue destapado por un video que Alejandro Cruz, presidente local del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), difundió en sus redes sociales. Las imágenes, que pronto se volvieron virales, mostraban la persistente columna de humo de la chimenea de la firma Wade SA, operadora de la planta, y desataron una ola de más de 1.500 comentarios de vecinos de Esteban Echeverría, Ezeiza y Llavallol. Los testimonios describen un cuadro ambiental y sanitario crítico: olores nauseabundos que varían con la dirección del viento, escuelas que deben cerrar sus ventanas, suspensiones de actividades al aire libre y ropa tenda que se cubre de cenizas.
Según explicó Cruz en sus redes sociales, el agravamiento de la situación en los últimos 5 o 6 años estaría vinculado a un nuevo proceso productivo en la planta: la quema de tripas, plumas, sangre y químicos para la elaboración de harina destinada a alimento balanceado. «El humo te liquida», afirmó el dirigente, relatando casos de niños que vomitan en clases de educación física o la imposibilidad de vecinos de disfrutar de sus propios jardines. Si bien la empresa tiene una larga historia en la zona, las denuncias formales no son nuevas; una fiscalización conjunta del municipio y ACUMAR en enero de 2022 ya había intimado a la empresa a regularizar el impacto ambiental, un compromiso que, a juzgar por la situación actual, nunca se cumplió adecuadamente.
La reciente escalada del conflicto llevó a Cruz a reunirse con representantes del intendente Fernando Gray, quien designó un equipo para abordar el problema. El 3 de marzo, tras constatar actas de infracción previas, el municipio multó a la planta y le exigió el cese inmediato de las descargas atmosféricas. Tres días después, el 6 de marzo, Gray solicitó formalmente la intervención de ACUMAR, que procedió a colocar una faja de clausura en el ingreso. Sin embargo, la medida resultó ser un gesto más simbólico que efectivo: los denunciantes advirtieron que la clausura solo afectaba una de las hojas del portón, permitiendo que las operaciones y la emanación de gases continuaran con normalidad.
Paralelamente a la acción directa, la organización vecinal avanza en el plano institucional. El 11 de febrero, Cruz había presentado un pedido de información pública a ACUMAR solicitando acceso a todas las actas de fiscalización, habilitaciones y estudios de impacto realizados desde 2022, así como las medidas concretas tomadas para mitigar los olores y proteger la salud de los habitantes de la cuenca. El organismo, presidido por Lucas Figueras, solicitó una prórroga para responder, lo que el equipo de CEPIS interpreta como una señal de que el reclamo está siendo tomado con la seriedad que merece, aunque la demora no hace más que prolongar el calvario de los afectados.
En este complejo escenario, la figura de los trabajadores de la planta, unos 700 empleados que ya habían sufrido demoras salariales a principio de año, emerge con fuerza. Cruz es tajante al señalar que «la empresa no puede usar de rehenes a los trabajadores para seguir contaminando», y recuerda que, durante una clausura, la firma está obligada por ley a abonar los salarios. La discusión de fondo, insiste, no debe ser ambiente versus empleo, sino la necesidad imperiosa de que Wade SA adecúe su sistema productivo, una deuda que arrastra desde hace al menos cuatro años. Para sostener y fortalecer este reclamo, que incluye el acceso a la información pública y la clausura definitiva mientras no se cumplan las condiciones ambientales, los vecinos continúan recolectando firmas en una petición online, decididos a no ceder en su lucha por un aire limpio.
Más allá de los avances obtenidos, Cruz subraya el rol de la organización vecinal para sostener y fortalecer el reclamo. Por eso, continúa la recolección de firmas a través de un petitorio de change.org abierto al público que respalde la presentación ante Acumar y una pronta respuesta.