La Cámara Eólica Argentina presentó un estudio en el que expuso las necesidades en relación al sistema de transporte para el sector, fue ante organismos gubernamentales y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. El estudio tiene como objetivo “trabajar en conjunto para resolver la falta de capacidad y así, potenciar la industria renovable, que aún posee diversos desafíos para continuar creciendo en la matriz energética”, señalaron desde el sector en la presentación.
Además, recientemente la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires presentó junto con CEA, un estudio sobre las oportunidades de desarrollo sustentables del sector, que en 2022 generó un ahorro de divisas de 3 mil millones de dólares.
El impacto que produjo la incorporación de generación renovable, liderada por la generación eólica con un 75% de participación, fue particularmente positivo en Argentina. La introducción de generación renovable permitió reducir el consumo de combustibles líquidos y GNL importados, generando una reducción en los costos del sistema año a año, menores importaciones de energía y menor peso en la cuenta de subsidios energéticos, mejorando el resultado fiscal, indica en su estudio CEA.
“El sector privado, que ha demostrado en los últimos años que con un marco normativo claro tiene una decisión concreta de invertir en el desarrollo y construcción de proyectos, podría acompañar o complementar un plan de expansión del sistema de transporte orientado a la incorporación de energía renovable liderado por el Estado Nacional” describieron en su presentación del estudio, sin embrago afirman que “los elevados costos de este tipo de obras, que además redundarían en beneficios para el sistema en su conjunto, implican que no sería posible internalizar plenamente en contratos en el MATER inversiones tan importantes en transporte a cargo del sector privado. El principal límite que enfrenta hoy un mayor despliegue de la generación renovable es la capacidad de transporte remanente en el sistema eléctrico, explican.
“Ni la Ley ni los compromisos asumidos en la COP 26 han ido de la mano del desarrollo de herramientas concretas para la ampliación del sistema de transporte en alta tensión que sean consistentes con dichas metas. No se ha logrado articular un esquema que permita trazar metas claras de ampliación del sistema, y mecanismos para pasar de los estudios a planes, de allí a licitaciones y a materializar los proyectos.